Por Carlos
Camarena Medina
Periodista
Unas
de las mejores noticias en materia ambiental en lo que va del año 2009, fue la
restitución de la zona de exclusión que había sido eliminada con la derogación
del artículo 11 de la Ley 44, que creó el Parque Nacional Coiba, y la
presentación del Plan de Manejo de esta importante reserva marina.
La
gerente de Incidencia Política de la Fundación MarViva, Jessica Young, destacó
que la derogación de este artículo (un camarón legislativo que permitió la
pesca con redes de cerco en un amplio sector del pacífico panameño) ignoró la
importancia y valor de la participación ciudadana en la toma de decisiones para
la gestión ambiental, porque fue una acción inconsulta.
También,
por ocho meses puso en riesgo áreas de desove de atunes; pero a la vez activó a
la sociedad civil que organizadamente informó, participó de manera oportuna e
incidió para que se revirtiera la derogatoria.
Agregó
que una alianza de más de 40 organizaciones de conservación, pesca deportiva,
científicas y académicas denunció públicamente la eliminación de la Zona de
Exclusión a las redes de cerco en un lugar ecológicamente importante de
reproducción.
Tras
8 meses de presentar fundamentos científicos y legales, y una participación
sistemática en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación, el
expresidente Martín Torrijos atendió a la Fundación MarViva para recibir toda
la documentación del caso, tras lo cual firmó el Decreto Ejecutivo que le
volvió a dar vida juridicial a la Zona de Exclusión, en tanto la Asamblea
terminaba las consultas que terminaron con la ratificación de este Decreto,
mediante la Ley 21 de 2009.
Sobre
el Plan de Manejo, presentado en junio pasado, Young destacó la importancia de
que sea publicado en Gaceta Oficial, para que el Consejo Directivo, presidido
por la (Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), ponga manos a las obras e inicie
su implementación.
Uno
de los puntos que llamó la atención durante la presentación del Plan de Manejo,
fue la necesidad de un presupuesto de 11.5 millones de dólares durante los
próximos cinco años. Young, explicó que estos fondos provendrán del Presupuesto
del Estado y de actividades ecoturísticas (ingresos por entrada, hospedaje en
las instalaciones), por permisos de pesca. “Precisamente este es uno de los
temas que le toca trabajar muy fuerte al Consejo Directivo”, destacó.
Una
duda que quedó en el aire fue lo afirmado por el coordinador del Plan de
Manejo, Juan Maté, de que en los próximos cinco años no se permitirá la
construcción de instalaciones hoteleras en Coiba; pero agregó que “más adelante
sí” está abierta esta posibilidad, y que el Plan pretende lograr un balance
entre desarrollo uso sostenible y conservación.
Después
de cinco años, ¿existe la posibilidad que se aprueben estos proyectos? De forma
tajante Young dice que “no, puesto que la Ley 44 de 2004 prohíbe las construcciones de alto impacto en
el Parque Nacional Coiba, precisamente para incentivar que el desarrollo de
infraestructura para el turismo se lleve a cabo en las zonas aledañas al Parque
donde hay comunidades pobres que se pueden beneficiar con esta actividad”.
Añadió
que la Ley es clara, y que los planes de manejo platean que solo se permitirá
la construcción de facilidades de muy bajo impacto para prestar servicios
ecoturísticos y el desarrollo turístico se debe realizar fuera de los límites
del Parque, eso sí, cumpliendo la normativa ambiental existente.
Sobre
lo que Maté destacó como el principal problema en Coiba -la presencia de más de
2,500 cabezas de ganado- Young manifestó que el Plan de Manejo establece una
metodología específica para ir mitigando los impactos de estas reses.
En
la parte marina, el principal problema es la pesca ilegal y la falta de un Plan
de manejo para la Zona Especial de Protección Marina. Sin éste no se puede
regular la actividad pesquera en esa Zona y se pierden muchos recursos,
precisó.
Young
sostuvo que las poblaciones aledañas a Coiba deben ser sus principales
beneficiarias, no sólo por el aumento de fauna marina del Parque y es ahora
pescada fuera del mismo, sino por la actividad ecoturística que, gracias a su
ley, está dirigida a ser llevada a cabo en las comunidades para brindarles
beneficios económicos.
Destacó
que la ley del Parque establece que un porcentaje específico de los ingresos
que genere Coiba revierta a las comunidades de los distritos de Montijo, Soná,
Las Palmas, Río de Jesús y Mariato, algo que “ya es una realidad”.
Reveló
que pensando en el bienestar de las poblaciones que dependen de esta área
protegida, MarViva adicionó un nuevo programa de trabajo donde según la
vocación de las personas se crean proyectos de alternativas productivas
ambientalmente sostenibles que lleven el bienestar económico y calidad de vida
que tanto se requiere para lograr una efectiva gestión del Parque Nacional
Coiba.
Young
dijo que no necesariamente la UNESCO evalúa la posibilidad de reconsiderar el
estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad a Coiba, porque esta reserva y su
Zona Especial de Protección Marina son objeto de monitoreo y supervisión para
que los atributos ecológicos por los cuales fueron propuestos por Panamá, y
acogidos por este organismo mundial, se mantengan y no se pierdan.
El
rol de todos es velar por la implementación efectiva de las normas que ya
existen, el Plan de Manejo y las recomendaciones del Comité Científico; las
autoridades deben ejercer su rol de cumplir y hacer cumplir las normas, y
seguir trabajando en la concienciación de las personas sobre la importancia de
las áreas marinas protegidas como el Parque Nacional Coiba, añadió.
“Las
organizaciones no gubernamentales deben seguir enseñando a pescar y no solo dar
peces, es decir, deben hacer ese traspaso de conocimiento, de capacidad, de
empoderamiento a las comunidades locales y consolidarse como aliados
estratégicos con una visión de país, de planeta”, puntualizó. (Nota: este artículo fue
elaborado en julio de 2019) Fotos: cortesía de la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia.
